“Es nada, es despreciable”

Así se refició el presidente de ANDA a las denuncias sobre agua potable recibidas en la DC
La Prensa Gráfica de 21 de enero de 2015, pag. 30
Retomando el tema de la declaración del agua potable y el saneamiento como un derecho humano, a lo cual no puede interponerse ninguna norma de derecho interno para obviar su garantía, me desayuné esta mañana las declaraciones de quien tendría que ser el paladín garantizador de ese derecho en El Salvador diciendo que las 8,965 denuncias que recibió la Defensoría del Consumidor contra el servicio de agua potable “Es nada, es despreciable”.
Y claro, si analizamos los números citados por dicho funcionario, al comparar 105 millones de recibos, 8,965 es aproximadamente 0.008% de los recibos emitidos, por eso seguramente dicho funcionario dice que es despreciable, porque matemáticamente un recibo denunciado no representa ni siquiera la centésima parte de un ser humano.
Sin embargo ese recibo que no representa la centésima parte de alguien, ese un recibo de entre más de 105 millones, corresponde a una persona, a un ser humano que seguramente vive un drama familiar por haber visto suspendido su servicio de agua o encontrarse en inminente situación de verlo suspendido, con las consecuencias de no únicamente no poder tomar agua “potable”, sino no poder llevar a cabo labores básicas de un hogar como la limpieza del cuerpo, las ropas, tener limpio el servicio sanitario, etc. que fueron parte de las razones por las que las Naciones Unidas declaró el Derecho al Agua Potable y el Saneamiento como un Derecho Humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Ya en artículo anterior, establecí claramente que la contratación del servicio público de suministro de agua potable y alcantarillado, es un derecho personal, es decir que lo contrata una persona, se sirve por pedido de una persona, en el lugar que la persona dice y que su incumplimiento o falta de pago es responsabilidad de esa misma persona que lo ha contratado. Esto tiene profundas consecuencias para facilitar la garantía del Derecho al Agua Potable y el Saneamiento, y no obstante no requerirse grandes reformas legales para garantizarlo, es oportuno considerarlo en el proyecto de la futura Ley de Agua Potable y Saneamiento.
Muchos de los recibos que para el funcionario en cuestión son nada o son despreciables, me atrevo a decir, pueden provenir de deudas que un propietario anterior de un inmueble tenía con la empresa proveedora, pero como los asesores jurídicos le han hecho creer que la deuda la acumula el inmueble y no la persona, siguen facturando la deuda aún al nuevo propietario o peor aún, no autorizan un nuevo servicio a un “inmueble con deuda”. Y esto desde hace mucho tiempo, pues viene a mi memoria la discusión que alguna vez tuve en 1994 cuando trabajaba en el Banco de Comercio, S.A. y que me sigue causando risa, porque en ese entonces al igual que ahora la ANDA no quería autorizar el servicio de agua en un activo extraordinario aduciendo que “el inmueble tenía deuda”. Es decir, esto no es nuevo, pero no porque así se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales, podemos permitir que siga de esa manera si estamos claros que no es la forma jurídica correcta de hacer las cosas.
Para poder garantizar el Derecho al Agua Potable y el Saneamiento como un Derecho Humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, es necesario no únicamente reconocer lo expuesto en el párrafo anterior, sino establecer un “minimum vital” de agua potable que deberá ser garantizado a cada habitante por el solo hecho de ser persona, como se hace en otros países, en donde ante la falta de pago de un recibo de agua potable, no se suspende el mismo, sino que se restringe a ese mínimo.
Les comparto en adjunto una lectura muy interesante sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento

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