79 años, y sigues contando

Ayer se conmemoró el septuagésimo noveno aniversario de uno de los actos más importantes realizados en el marco del multilateralismo derivado de la Segunda Guerra Mundial, la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que fue antecedido por intensos debates al interior de la recién creada Comisión de Derechos Humanos, tal como lo propuso la llamada Nuclear Commission.
Las actas que acreditan las discusiones, junto con otros documentos y anécdotas que han sido posteriormente conocidas convergen en que las negociaciones fueron efectivamente tensas… muy tensas. Jacques Maritain, al redactar la introducción del documento Human Rights Comments and Interpretations, que recoge un simposio promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y que fue remitido en julio de 1948 a quienes entonces redactaban la Declaración Universal de Derechos Humanos, para que lo emplearan como el fundamento filosófico de tales derechos, da cuenta de lo complicado que significó encontrar ese fundamento, narrando como ejemplo la historia de una conversación entre dos representantes de ciertos Estados que profesaban ideologías que para entonces se oponían violentamente, y quienes repentinamente se sorprendieron al advertir que habían llegado a un acuerdo respecto del contenido de tales derechos, lo que impulsó a uno de ellos a sostener que “hemos llegado a un acuerdo sobre los derechos humanos, pero a condición que no se nos pregunte por qué”. 
En otras palabras, desde su origen los derechos humanos han sido una fuente de polémica en diferentes aspectos, tanto frente a su fundamentación, como en cuanto a sus garantías, o en cuanto a sus alcances. Paradójicamente, el texto de la Declaración Universal hace de tales derechos un “ideal común”. Debo confesar que me gusta mucho más la expresión que se emplea en la versión en inglés, porque indica un sentido mayor de actividad y menos de reflexión: a common standard of achievement.
Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos nació sin la intención de ser jurídicamente vinculante, se convirtió en un instrumento vinculante por la vía de la costumbre internacional, e incluso es una fuente de reconocimiento de obligaciones imperativas —el llamado ius cogens— tales como la prohibición de la discriminación, de la esclavitud, de la tortura, o la exigencia de la garantía a un juez o tribunal independiente e imparcial. Pero ¿es efectivamente la Declaración Universal de Derechos Humanos un verdadero ideal común?
En la década pasada surgió una metodología que pronto se convirtió en un fraseado indispensable en todo documento que quería considerarse a la mode, me refiero al enfoque en derechos humanos —también conocido como human rights based approach—, o como se le decía en el argot de la cooperación internacional, “el HRBA”. Recuerdo que con financiamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) formé parte de un grupo técnico regional para formular un manual sobre cómo emplear el enfoque de derechos humanos para planificar intervenciones para el desarrollo, particularmente desde la tesitura del derecho a la salud, el cual fue redactado con el apoyo del Program on International Health and Human Rights de la Harvard School of Public Health. Sin embargo, con tristeza veo que aquella expresión —el enfoque de derechos humanos— aparece hoy con modesta frecuencia.
Pero ese detalle no desdice de la utilidad metodológica del enfoque basado en derechos humanos, el cual debería ser un método tan indispensable como complementario del proceso de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Nada más opuesto al standard of achievement que enfrentar el ciclo de las políticas públicas al margen de los derechos humanos, y más exactamente, en abierta ignorancia u oposición a las obligaciones jurídicas que se desprenden de los instrumentos soberanamente asumidos o asimilados por los Estados como fuentes de reconocimiento de tales derechos.
Afortunadamente, mientras en algunos ámbitos diplomáticos se observa la partida del término “enfoque basado en derechos humanos”, otros sectores lo recogen en sus efectos con amplia seriedad y compromiso. Me refiero al mundo de las empresas y los negocios. Para el año 2000, Naciones Unidas impulsó el llamado Global Compact una iniciativa que busca vincular la responsabilidad social empresarial con la perspectiva de los derechos humanos, en otras palabras, introdujo el enfoque de derechos humanos en el diseño y comprensión de la responsabilidad social. Debo aclarar que la responsabilidad social vista desde el enfoque de los derechos humanos no es un eufemismo para cumplir las leyes laborales o tributarias, y tampoco se trata de una moderna expresión filantrópica. Se trata de trabajar con empresas que, en primer lugar, comprenden que poseen un rol determinante o una posición de influencia sobre lo que sucede en su entorno, y por tanto que han decidido actuar positivamente en dicho entorno. 
En ese sentido, el Global Compact sugiere a las empresas seguir obligaciones similares a las que soberanamente han asumido los Estados —aunque para los Estados tales obligaciones son jurídicamente vinculantes— es decir, apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y prevenir su involucramiento en acciones que impliquen abusos a los mismos.
La preocupación y la reflexión por la incidencia negativa en los derechos humanos por parte de actores no estatales, si bien no es un tema clásico, ha tomado una considerable fuerza en los últimos años. La urgencia del tema se mostró primero por la vía de los perjuicios al medio ambiente, y luego fue alcanzando otros temas, como el relacionamiento usualmente financiero, en contextos de conflictos armados, entre algunas empresas y grupos no estatales que se han visto luego vinculados en actividades que según las circunstancias implican graves violaciones a los derechos humanos o pueden resultar en crímenes de guerra. Mucho más modernamente, incluso, ha tomado intensidad la discusión de si los actores no estatales pueden cometer por sí mismos crímenes de lesa humanidad —entre otros: ICC Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19, March 31, 2010, paras. 90-93.
Mientras tomaba forma esa discusión sobre el impacto de las acciones de sujetos no estatales —como las empresas— y los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2005, solicitó al Secretario General que nombrara un Representante Especial para abordar diferentes tópicos que vinculan de manera específica el mundo de los derechos humanos con el mundo empresarial. Esa nominación recayó en John Ruggie, profesor de derechos humanos y asuntos internacionales en la prestigiosa Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En 2011 el Profesor Ruggie, en su calidad de Representante Especial, sometió al conocimiento del Consejo de Derechos Humanos su documento denominado Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”, al cual quienes hemos tenido vinculación con el trabajo de ofrecer el enfoque de derechos humanos en la definición de los alcances de la responsabilidad social corporativa denominamos como el marco de Ruggie.
Como un esfuerzo convergente, en 2010 la Organización Internacional de Normalización emitió la norma internacional ISO 26000 denominada en español Guía de Responsabilidad Social la cual, aunque no es certificable, sí orienta hacia un ideal de configuración de la responsabilidad social de lo que ella define como “organizaciones”, lo que incluye a las empresas de todos los niveles y tamaños, y dentro de la cual los temas fundamentales de derechos humanos, como la prohibición de discriminación o la promoción de los derechos de las mujeres, toman un rol central.
Con lo dicho es notorio que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una fuerza evolutiva incomparable. De intentar fijar límites universales a los Estados, a fines de 1948 por medio de un instrumento no vinculante, en 79 años ha llegado a convertirse también en un conjunto normativo que incide sobre la responsabilidad social corporativa, y las cosas seguirán avanzando. Cada vez más actores encuentran que su acción particular puede siempre configurarse desde el enfoque de derechos humanos. Sin embargo, algunas personas, lamentablemente, no han evolucionado lo suficiente y aún sienten grima ante este tipo de vinculaciones como la referida entre el mundo empresarial y los derechos humanos, las mismas que creen que tales derechos pertenecen —o peor aún creen que son un argumento que corresponde de manera exclusiva— a un grupo, a un sector, o a una ideología. 
Son 79 años, Declaración, y sigues contando. El paso del tiempo no te conserva, te perfecciona; hace descubrir en ti cada vez mejores esencias y fuerzas más intensas con las que quienes abrazamos el ideal de la razón sobre la fuerza, del derecho sobre la política de la arbitrariedad, podemos contar. Esperaría que junto a lo que dice tu viviente texto, quienes aún se acomodan en las vivencias de las ideologías de un pasado que no necesariamente fue mejor, logren comprender que los derechos humanos son un ideal común… A common standard of achievement.

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